Gustavo Sánchez, el perro del hortelano de la estación de Los Ramos
Ni la compra, ni la recupera, ni explica qué piensa hacer con ella, pero tampoco deja que sus legítimos propietarios puedan decidir libremente sobre su futuro
El reciente anuncio del presidente de la Junta Municipal de Los Ramos, Gustavo Sánchez, solicitando la protección urbanística y patrimonial de la antigua estación de tren de Los Ramos-Alquerías se ha presentado ante la opinión pública con el envoltorio de las grandes ocasiones: la defensa de la identidad del pueblo de Los Ramos, el rescate de la memoria y la supuesta preparación de un futuro espacio sociocultural. Sin embargo, bajo la cortina de humo del titular efectista, una lectura minuciosa de los hechos dibuja un escenario bien distinto. Lo que se pretende vender como un avance histórico no es más que una maniobra irresponsable que expone políticamente a su promotor, pisotea presuntamente el trabajo riguroso de los propios vecinos de la pedanía y amenaza con paralizar cualquier desarrollo futuro de la zona.
Para comprender la magnitud del despropósito hay que empezar por el origen del informe en el que el presidente de la Junta sostiene toda esta tramitación. No parece el fruto de un trabajo minucioso ni de un compromiso con la historia local. La documentación aportada ante la Dirección General de Patrimonio Cultural ha sido elaborada de forma exprés por «historiadores» de la talla de la asociación Bicihuerta, con Raúl Jiménez a la cabeza, quien es, además, cronista oficial de la pedanía vecina de Torreagüera y un personaje muy conocido por «sus singulares estudios históricos sobre la zona».
Para confeccionar dicho informe, resulta llamativo que Gustavo Sánchez no haya querido nutrirse de las fuentes y del trabajo previo que durante dos años realizó el taller de Patrimonio Historia y Costumbres de Los Ramos. Se trata de un grupo de trabajo local que catalogó de manera metódica, seria y altruista cada elemento de valor del conjunto inmobiliario y de los terrenos de la antigua estación. El presidente de la Junta Municipal de Los Ramos, ya sea por una preocupante ignorancia sobre el riguroso trabajo realizado por sus vecinos o por una maniobra para apuntarse el tanto en solitario, ha decidido ignorar oficialmente ese esfuerzo colectivo del pueblo.
Pero, más allá del desaire a la labor vecinal, el fondo de la medida adoptada por Gustavo Sánchez evidencia una desconexión total con la realidad jurídica y económica del espacio de la antigua estación de Los Ramos-Alquerías que, con sus edificios y sus terrenos, no es propiedad del Ayuntamiento ni de la Junta Municipal, sino que pertenece a Adif, con el condicionante de que, según parece, la entidad estatal tiene parte de esas instalaciones y de su suelo alquilados a una empresa privada instalada en la pedanía que genera un volumen importante de puestos de trabajo.
Y esta no es una cuestión menor, porque esta iniciativa del presidente de la Junta Municipal de Los Ramos parece aplicar la política del estorbo: el Ayuntamiento de Murcia no compra la propiedad ni dispone del presupuesto para adquirirla, pero pretende condicionar y atar en corto a quienes la utilizan legítimamente.
Al solicitar la inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana y en el Inventario de Bienes Protegidos, el presidente de la Junta pretende que se someta todo el conjunto a un marco regulatorio limitante. Cualquier plan de crecimiento que la empresa privada necesite abordar para ampliar sus instalaciones en los terrenos e inmuebles alquilados, diversificar su actividad en ellos y contratar a más trabajadores del pueblo quedará, a partir de que se apruebe el plan de Gustavo Sánchez, bloqueado por el filtro burocrático y los informes restrictivos de Patrimonio Cultural. Se castiga así, presuntamente, la capacidad de generar empleo presente o futuro a cambio de nada.
La paradoja roza el absurdo cuando se analiza la promesa que el propio presidente utiliza para justificar su actuación: la futura transformación del recinto en un centro sociocultural vinculado a la Vía Verde. Para que la Administración local pueda hacer algo en ese espacio, primero tendría que comprar los terrenos y los inmuebles a Adif, un desembolso para el que no parece que exista partida presupuestaria ni previsión alguna.
Pero es que, si en un futuro el Ayuntamiento lograse adquirir la propiedad, se encontraría atrapado en la trampa que hoy está construyendo. La protección patrimonial que el presidente de la Junta Municipal de Los Ramos tramita con tanta prisa se convertiría en el mayor obstáculo para el propio Consistorio, ya que las exigencias de conservación histórica impedirían o encarecerían drásticamente las obras de adaptación, accesibilidad y reforma estructural necesarias para adaptar edificios del siglo XIX y principios del XX a las normativas de uso público moderno.
El presidente de la Junta Municipal de Los Ramos, tal vez en su afán por anotarse una medalla política y utilizando un informe que, por el tiempo que han invertido en elaborarlo, podría decirse que es un tanto improvisado, o que bebe del esfuerzo de los vecinos del pueblo sin que se les cite ni se les otorgue mérito alguno, y todo ello para imponer un blindaje normativo que no puede financiar, puede poner en jaque la expansión de la empresa que sostiene el trabajo en la pedanía, o de cualquier otra que viese una posibilidad de inversión y creación de riqueza para Los Ramos. Y, de paso, induce al Ayuntamiento a atarse de pies y manos para cualquier proyecto futuro.
Y todo esto sin ni siquiera someter esta medida a debate y aprobación en el pleno de la Junta Municipal de Los Ramos, como cabría esperar de un dirigente que respeta la voluntad democrática expresada en las urnas; sin haber consultado con Adif, con la empresa que ahora mismo es el sostén económico de la pedanía y ocupa parte de los terrenos e instalaciones ni con los miembros del taller de Patrimonio Historia y Costumbres de Los Ramos.
Una reflexión para Gustavo Sánchez y para los vecinos de Los Ramos
Y, no menos importante, Gustavo Sánchez tampoco explica cuáles son esos planes de futuro, con quién los ha consultado, de dónde se provisionaría el dinero necesario para llevarlos a cabo ni cuál es el estudio de viabilidad que sustenta la idea de convertir algún día el recinto en ese espacio sociocultural que anuncia.
Porque defender el valor histórico de la antigua estación es perfectamente legítimo, como también lo es que quienes llevan años trabajando por la conservación de ese patrimonio hayan reclamado su protección. Pero una cosa es proteger un bien y otra muy distinta plantear qué se va a hacer con él después.
¿Quién va a pagar la adquisición? ¿Quién va a financiar la rehabilitación? ¿Quién va a sufragar después su funcionamiento y mantenimiento? ¿Se ha estudiado realmente si es viable una inversión de estas características para una pedanía de menos de 4.000 habitantes?
Porque el deseo está muy bien, pero los proyectos no se sostienen con deseos: comprarlos cuesta dinero, rehabilitarlos cuesta dinero y, una vez puestos en marcha, mantenerlos también cuesta dinero.
Y, con todo esto, lo más caro a veces es impedir que las empresas, que son las que generan riqueza y crean puestos de trabajo, puedan hacerlo.
