El Ayuntamiento anuncia ajustes en la línea 30 de Beniaján mientras la justicia le obliga a modificar el gran contrato de autobuses
Los vecinos de Beniaján tendrán que seguir esperando un transporte moderno y fiable
Los vecinos de Beniaján que cada día dependen de la línea 30 —que une Zeneta con Murcia pasando por Beniaján— vuelven a ver cómo se aleja la promesa de un transporte público moderno y fiable, a pesar de que hoy mismo el Ayuntamiento de Murcia ha anunciado refuerzos temporales en varias líneas de alta demanda y ajustes técnicos en el servicio, entre ellas la 30.
Al mismo tiempo que el Consistorio hacía públicas estas medidas, ha tenido que reconocer que el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TACRC) le obliga a modificar los pliegos del gran contrato del nuevo servicio de autobuses urbanos. Un contrato de más de 700 millones de euros y diez años de duración que, tras tres años de anuncios, sigue sin ponerse en marcha.
En una nota de prensa municipal publicada esta mañana, el Ayuntamiento destaca la incorporación de más de 6.000 plazas diarias adicionales en las líneas con mayor crecimiento de viajeros, especialmente en la línea 30, que conecta pedanías como Zeneta, Los Ramos, Torreagüera, Beniaján o Los Dolores con el centro de la capital.
Según los cálculos del Ayuntamiento de Murcia, esta línea ha pasado de 758.000 viajeros anuales en 2023 a más de un millón en la actualidad. Además, se introducen «ajustes en líneas como la 30 para adaptar el servicio a los tiempos reales de circulación y ofrecer una mayor fiabilidad en las expediciones».
Sin embargo, en el mismo comunicado el Consistorio minimiza el alcance del fallo del TACRC. Afirma que el tribunal «ha dado la razón al Ayuntamiento en las cuestiones esenciales» —el cálculo de costes de personal, el presupuesto base de licitación y el modelo técnico-económico— y que solo se trata de «modificaciones formales» que ya se están incorporando.
Según el equipo de gobierno del PP, estas correcciones se resolverán en «unos días» y el nuevo modelo estará operativo antes de que acabe la legislatura.
La realidad, sin embargo, es menos optimista. El Tribunal Central de Recursos Contractuales ha estimado —total o parcialmente— los recursos presentados por empresas licitadoras y ha anulado los pliegos actuales. Eso obliga a retrotraer el procedimiento, corregir defectos de tramitación —entre ellos, modificaciones introducidas sin nueva información pública ni posibilidad de concurrencia— y volver a publicar los pliegos.
En la práctica, esto supone nuevos plazos de presentación de ofertas y más retrasos en un proceso que ya acumula más de 1.040 días desde que el PP asumió el gobierno municipal en 2023.
El portavoz socialista, Ginés Ruiz, lo ha calificado sin rodeos: el PP «ha vuelto a demostrar que no sabe gestionar nada que no termine en un castillo de fuegos artificiales». Promesas sucesivas de «post-verano», «antes de Navidad» o «en unos meses» que nunca se han cumplido, mientras los autobuses actuales —muchos con más de 20 años— siguen sufriendo averías frecuentes, problemas para pagar con tarjeta y ausencia de información en tiempo real en las paradas.
El día a día de la línea 30
Para muchos vecinos de Beniaján, la línea 30 es el principal medio de transporte para ir a trabajar, estudiar, acudir al médico o realizar gestiones en la capital. Y el servicio actual dista mucho de ser digno.
Los usuarios denuncian de forma recurrente retrasos, vehículos obsoletos y falta de fiabilidad, problemas que se han documentado en repetidas ocasiones y que desde Beniaján al Día hemos recogido.
Hoy, el Ayuntamiento reconoce implícitamente parte de esas deficiencias al anunciar «ajustes para adaptar el servicio a los tiempos reales de circulación». Pero para muchos vecinos estos anuncios suenan a solución parcial de un problema estructural.
La línea 30, al igual que la 37, forma parte de la red que conecta las pedanías del este con la capital y arrastra las mismas carencias: flota envejecida, mantenimiento deficiente y una planificación que no ha evolucionado al ritmo del crecimiento de la demanda.
Mientras tanto, el gran contrato del transporte urbano —que preveía vehículos sin combustibles fósiles, sistema digital completo, pago con nuevas tecnologías y mayor velocidad comercial— sigue en el limbo administrativo.
Un contrato destinado a resolver las diferencias tarifarias entre pedanías y centro y a modernizar el sistema de transporte público que, por ahora, continúa sin ejecutarse.
