El PP impone el ordeno y mando en las Juntas Municipales del Ayuntamiento
Una modificación incluida en las bases de ejecución del Presupuesto municipal de 2027 permitirá a los presidentes de las Juntas Municipales autorizar gastos superiores a 5.000 euros sin someterlos previamente al Pleno de sus respectivas Juntas, relegando al resto de vocales a un papel prácticamente testimonial.
Mediante una modificación de las bases de ejecución del Presupuesto municipal de 2027, el Partido Popular, que gobierna el Ayuntamiento de Murcia de manera prácticamente ininterrumpida desde hace casi tres décadas, pretende permitir que los presidentes de las Juntas Municipales autoricen gastos superiores a 5.000 euros sin someterlos previamente al Pleno. La medida, incluida en las cuentas aprobadas inicialmente el pasado 29 de octubre con los únicos votos favorables del PP, elimina un mecanismo de control que se implantó hace cinco años y que obligaba a someter estos contratos menores al conocimiento del conjunto de vocales.
El Gobierno municipal justifica el cambio en la necesidad de dotar de mayor autonomía a los presidentes y agilizar la gestión económica. Sin embargo, la modificación concentra en estas figuras unas atribuciones que hasta ahora requerían la intervención previa del órgano colegiado, relegando al resto de representantes a un papel secundario en decisiones que afectan directamente a los recursos de sus barrios y pedanías.
La reforma se produce, además, en un contexto en el que las mociones aprobadas por las Juntas Municipales carecen de carácter vinculante para el Ayuntamiento. Sus vocales pueden debatir las necesidades de sus territorios y aprobar propuestas, pero esos acuerdos no obligan al equipo de Gobierno a ejecutarlos. Si a esa falta de capacidad para hacer efectivas sus decisiones se añade ahora la pérdida de intervención previa en la gestión económica, el margen de actuación de las Juntas queda todavía más reducido.
La consecuencia es el desplazamiento del poder de decisión desde los órganos colegiados hacia sus presidentes. Una involución que cuestiona la propia razón de ser de las Juntas Municipales, porque si sus plenos no pueden garantizar la ejecución de las medidas que se proponen ni sus vocales pueden intervenir previamente en las decisiones económicas, estos últimos corren el riesgo de quedar convertidos en meros figurantes de una estructura cada vez más vacía de contenido.
Una descentralización que concentra las decisiones
El equipo de Gobierno presenta la modificación como un avance en la autonomía de las pedanías y los barrios, y anuncia que esta medida será la antesala de una transformación más profunda del funcionamiento de las Juntas Municipales, que incluirá cambios en el Reglamento de Participación Ciudadana.
Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre conceder autonomía a las Juntas como órganos colegiados y concentrar esa capacidad de gestión en sus presidentes. La descentralización implica acercar las decisiones a los vecinos y reforzar los mecanismos de participación de sus representantes, no reducir el papel de quienes forman parte de los plenos.
La eliminación del control previo no significa que desaparezcan todas las obligaciones de fiscalización. Los gastos deberán seguir justificándose y sometiéndose a los procedimientos administrativos correspondientes, y los presidentes tendrán que informar posteriormente al Pleno. No obstante, se pierde la posibilidad de que el conjunto de vocales conozca, debata y fiscalice previamente esas decisiones.
Adiós a la democracia, hola al poder absoluto
Para comprender hasta dónde puede llegar este cambio hay que trasladarlo a la gestión diaria de cualquier pedanía. Un presidente podrá decidir, por ejemplo, destinar 15.000, 30.000 o 45.000 euros a las fiestas patronales, en función de su propio criterio y siempre que haya dinero disponible en caja. También podrá decidir qué actuaciones se acometen, qué calles se arreglan o qué demandas vecinales reciben atención prioritaria, sin someter previamente esas decisiones al debate del Pleno.
Pero hay otro elemento que agrava aún más esta situación, ya que los presidentes de las Juntas Municipales no son elegidos directamente por los vecinos de sus respectivas pedanías y barrios, sino designados por el partido político que obtiene más votos en cada territorio. Por tanto, su obligación de rendir cuentas no es ante los vecinos, que no pueden decidir directamente sobre su continuidad, sino ante la formación política que los ha designado y que puede retirarlos del cargo, salvo que no cuente con mayoría absoluta en la Junta Municipal y la oposición reúna los vocales necesarios para retirarle su apoyo.
La combinación de ambos factores plantea un escenario donde cualquier atisbo de funcionamiento democrático, fiscalizador y de transparencia quedará al capricho político, que raras veces se alinea con los intereses del pueblo.
