Publicidad privada en el Facebook oficial de la Alcaldía de Beniaján

Cuando la página de Facebook de la Alcaldía de Beniaján se convierte en una agencia de marketing

La función de una página oficial de cualquier institución debería ser clara y sencilla: informar a los vecinos sobre aquello que afecta al conjunto de la comunidad, comunicar decisiones, eventos de interés general, servicios públicos y cualquier noticia relevante que permita a los ciudadanos mantenerse al tanto de lo que ocurre en su entorno. En pocas palabras, ser un puente entre la administración y los vecinos, y no un escaparate personal.

Sin embargo, en el caso del perfil de Facebook de la Alcaldía de Beniaján, esta línea se ha desdibujado hasta casi desaparecer. Lo que debería ser un canal institucional ha terminado pareciendo, con frecuencia, un tablón de anuncios al servicio exclusivo del alcalde pedáneo. Noticias «positivas» y cuidadosamente seleccionadas, autopromoción, y anuncios de comercios privados afines a la gestión son el menú habitual, mientras cualquier información crítica, de la oposición o que plantee cuestiones relevantes para la pedanía, simplemente no tiene cabida.

El resultado es, cuando menos, llamativo: un perfil en apariencia institucional que, en la práctica, funciona como un canal de autopromoción y publicidad privada. No es solo cuestión de estilo o tono; es una cuestión de respeto al ciudadano y de la función pública que debería regir cualquier comunicación oficial. La confusión es inevitable para quien visita la página esperando información objetiva: se encuentra con un escaparate cuidadosamente curado, que más que informar, pretende convencer y vender una visión unilateral de la gestión pública.

En última instancia, esta situación plantea preguntas sencillas pero importantes: ¿hasta qué punto es legítimo que un canal oficial se convierta en vehículo de promoción privada? ¿Dónde queda la responsabilidad de informar de manera equilibrada y transparente? Y, sobre todo, ¿qué mensaje se transmite a los vecinos cuando la comunicación pública se subordina a intereses personales o comerciales?

Mientras tanto, los habitantes de Beniaján tienen a su disposición un perfil que mezcla noticias municipales con anuncios de academias y otros comercios, dejando entrever que, al menos en este caso, lo institucional y lo comercial parecen compartir espacio, a menudo de manera indistinguible. Un recordatorio de que incluso en las redes sociales, el rigor y la seriedad de la comunicación pública no deberían ser opcionales.

Más allá del debate ético, la situación también tiene su vertiente legal, aunque no necesariamente penal. No estamos ante un caso que pueda calificarse como delito —no hay apropiación de fondos, ni enriquecimiento personal—, y por tanto difícilmente podría prosperar en un juzgado bajo el prisma del Código Penal. Sin embargo, eso no significa que la conducta sea irrelevante o carezca de consecuencias.

El hecho de que un cargo público utilice un canal oficial, aunque sea un perfil de Facebook, para dar visibilidad a un negocio privado concreto, entra en el terreno del uso indebido de medios públicos. La página oficial de la Alcaldía es un recurso municipal, gestionado con personal y herramientas públicas, y su función debería limitarse a lo anteriormente expuesto. Pero cuando se convierte en escaparate para promocionar intereses privados, aunque no implique desembolso económico directo, se está desviando de su propósito y poniendo en cuestión la imparcialidad de la institución.

Además, esta práctica abre la puerta al favoritismo. Otros negocios locales, que compiten ofreciendo servicios similares —en este caso, otras academias de inglés— podrían legítimamente sentirse perjudicados. El mensaje que se puede percibir desde la ciudadanía es triste y nos retrotrae a la época del «ordeno y mano», transmitiendo la idea de que, en el tablón de anuncios virtual que gestiona la Alcaldía, unos reciben visibilidad, y otros, por motivos desconocidos, quedan fuera. Este desequilibrio, aunque no llegue a los tribunales, debería ser merecedor, al menos, de un reproche administrativo y moral, y podría motivar que órganos de control municipal o de transparencia examinen la actuación, incluso abriendo un expediente por desviación de fines institucionales.

En otras palabras, aunque no se incurra en un ilícito penal por publicar un anuncio en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Beniaján, el impacto sobre la credibilidad de la institución y la confianza de los vecinos es tangible. Cada publicación que mezcla interés público con privado erosiona la percepción de imparcialidad que cualquier cargo público debería proteger. Y mientras esto sucede, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿qué sentido tiene una página «oficial» de la Alcaldía, si termina funcionando más como un canal de autopromoción o publicidad selectiva que como un instrumento de información y servicio a la comunidad?