Choque político y ético en Beniaján por el pago de una acera
También es cierto que, en ocasiones, opinamos sin conocer en detalle la realidad de los hechos. Por eso es importante que existan marcos de actuación claros y homogéneos, que se apliquen por igual a todos los casos. Solo así quienes toman decisiones evitan caer en la arbitrariedad, por muy buena que sea la intención, y los ciudadanos podemos evitar tanto la suspicacia como la crítica precipitada, por legítima que esta pueda ser.
La política a pie de calle implica la toma de decisiones que afectan a personas que conocemos: vecinos con nombres y apellidos, con sus historias personales, etc. Por eso, el ejercicio de la política en las pedanías conlleva una carga de responsabilidad personal distinta a la de quienes deciden sobre lo abstracto, sin exponerse a cruzarse a diario con los vecinos sobre los que ejercen su influencia política.
El caso que nos ocupa en este análisis sobre la política local de Beniaján es uno de tantos en los que la decisión política tiene que ver con la necesidad de solucionar problemas concretos a personas concretas.
Lo que ocurre es que, a veces, esa buena voluntad de servir a los vecinos choca —o presuntamente choca— con la letra gruesa de la ley. Es entonces cuando se entra en un territorio en el que pueden entremezclarse esa buena voluntad con la toma de decisiones arbitrarias.
Solucionar un problema en una acera para que unos vecinos con movilidad reducida puedan entrar y salir de sus viviendas con comodidad es algo que nadie en su sano juicio cuestionaría, salvo que la solución pase por, presuntamente, saltarse la normativa municipal.
En la calle María Matas, número 1, de Beniaján, se acaba de realizar una reposición de acera que obedece a la intención antes mencionada de solucionar el problema de acceso a un portal de viviendas para varios vecinos con problemas de movilidad.
El choque político en torno a la toma de esta decisión —o, mejor dicho, en torno a dilucidar quién es el responsable del gasto que acarrea esta reposición de acera, si la Junta Municipal de Beniaján o el propietario de un supuesto vado instalado en el tramo afectado— se ha visto escenificado en el pasado pleno ordinario de la Junta Municipal de Beniaján, cuando el portavoz del Grupo Socialista, Matías Miguel Romero, cuestionó al alcalde pedáneo, Francisco Nicolás, a este respecto.
Adjunto la secuencia completa en vídeo, en la que, mejor que quien suscribe, los propios protagonistas exponen y defienden sus posturas.
Como se puede comprobar, las posturas del alcalde pedáneo y del portavoz del Grupo Socialista se sitúan en extremos claramente diferenciados, no tanto en lo relativo a la conveniencia de la reposición de la acera —que en ningún caso se ha puesto en cuestión—, sino en la cuestión de quién debe asumir el coste de dicha actuación.
No es mi intención entrar en la interpretación estrictamente jurídica del asunto, ni determinar si en este caso concreto existía o no la obligación formal de reposición por parte de un particular o de la administración. Ese es un terreno técnico que corresponde a los servicios jurídicos y a las instancias competentes.
Lo que sí resulta evidente es que estamos ante dos lecturas enfrentadas de una misma realidad: por un lado, la defensa de una actuación orientada a resolver un problema de accesibilidad para vecinos con movilidad reducida; por otro, la exigencia de que la actuación se ajuste de forma estricta al criterio administrativo que regula este tipo de intervenciones.
Más allá de este debate y de sus posibles derivadas, lo que se abre es una cuestión de alcance más amplio: qué efecto puede tener este tipo de decisiones cuando existen situaciones similares en otros puntos de la pedanía.
Porque si la intervención en la calle María Matas responde a un criterio de atención directa a un problema concreto, cabe preguntarse qué ocurre en aquellos otros casos en los que se reproduce la misma situación. Y si el criterio aplicado será necesariamente el mismo o si, por el contrario, puede variar en función del caso.
No se trata, repito, de cuestionar la actuación realizada en este caso concreto —que, desde el punto de vista humano y práctico, resulta perfectamente comprensible—, sino de plantear el alcance que este tipo de decisiones puede tener en términos de igualdad de trato y coherencia administrativa.
También es cierto que, en ocasiones, opinamos sin conocer en detalle la realidad de los hechos. Por eso es importante que existan marcos de actuación claros y homogéneos, que se apliquen por igual a todos los casos. Solo así quienes toman decisiones evitan caer en la arbitrariedad, por muy buena que sea la intención, y los ciudadanos podemos evitar tanto la suspicacia como la crítica precipitada, por legítima que esta pueda ser.
