El PSOE denuncia una participación ciudadana «de vacaciones» en la Estación del Carmen
Es perfectamente entendible que este y otros artículos que publicaremos a lo largo de esta primera quincena de agosto no encuentren respuesta en los lectores habituales. Estamos en agosto, mes vacacional por excelencia para los murcianos y murcianas. En esta tierra casi todo se paraliza en este bendito mes de playa y calor. Es así y no vamos a cambiar una idiosincrasia forjada generación tras generación, hasta perdernos en lo más hondo de los árboles genealógicos de cualquier murciano.
Por eso entendemos que hay cosas que no toca publicar en agosto, si el objetivo es que se entere el mayor número posible de personas. También entendemos la denuncia que hace Ginés Ruíz Maciá, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, quien, en su cuenta de X, muestra la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con fecha de 1 de agosto, del inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación Única del Plan Especial PC-Mc10, correspondiente al entorno de la Estación del Carmen, con un plazo de veinte días hábiles para que cualquier persona interesada pueda presentar observaciones y sugerencias.
Por si no lo habéis visto. Sometido a consulta pública el inicio de la EIA del Prpyecto de Urbanización del PE PC-Mc10 (Estación del Carmen).
— Ginés Ruiz Maciá🇪🇸 (@GinesRuizMacia) August 6, 2026
Lo de publicar los procesos de participación en agosto, un clásico que se repite. No quieren que participe nadie. pic.twitter.com/DSo359Fyds
Que estamos ante un procedimiento legal no se pone en duda. Hasta aquí, nada que objetar. Así funcionan los procedimientos administrativos. La ley establece unos trámites y la Administración los cumple.
Pero la cuestión no es si el Ayuntamiento ha actuado conforme a la legalidad. La cuestión es si esta es la mejor forma de promover una participación ciudadana.
Y no hablamos de una actuación menor. La Estación del Carmen constituye uno de los proyectos urbanísticos más relevantes de Murcia en los últimos años. Afecta a la configuración de una parte importante de la ciudad y condicionará su desarrollo durante décadas. Precisamente por eso, uno esperaría que el período de información pública se desarrollara en un momento en el que la ciudadanía pudiera conocer el proyecto, debatirlo y, en su caso, formular alegaciones.
Sin embargo, el procedimiento comienza cuando se inicia el éxodo de la ciudad y las pedanías hacia la costa o hacia cualquier otro lugar donde pasar las vacaciones.
Cualquiera que viva aquí sabe que agosto tiene unas características muy particulares. La ciudad se vacía. La propia conversación pública prácticamente desaparece.
No es una apreciación subjetiva. Es una realidad social que se repite año tras año, por lo que no cabe argumentar desconocimiento.
Y, si bien es cierto que el plazo para presentar alegaciones es de veinte días hábiles, eso no cambia lo esencial: el período de participación se articula cuando se sabe que estamos a otras cosas.
Por eso, la participación ciudadana, cuando se busca de verdad, no puede depender únicamente del número de días disponibles para presentar un escrito. Depende también de cuándo se difunde la información, de cuándo los vecinos conocen que existe un procedimiento abierto y de si disponen de un contexto adecuado para estudiar la documentación.
Porque presentar alegaciones a un proyecto urbanístico de esta envergadura no consiste en rellenar un formulario en cinco minutos. Requiere leer documentos técnicos, comprender sus implicaciones, consultar con profesionales, reunirse con asociaciones vecinales o colectivos afectados y elaborar propuestas razonadas.
Todo eso resulta objetivamente más difícil cuando buena parte de la ciudad está ausente por vacaciones. Y aquí hay que hacer una distinción importante. Porque no se afirma que exista una voluntad deliberada de impedir la participación. No se encuentran elementos para sostener semejante acusación. Pero lo que sí puede afirmarse es que elegir este momento para iniciar un proceso participativo sobre un proyecto de semejante importancia no favorece precisamente la máxima implicación de la ciudadanía. Y eso debería preocuparnos con independencia de quién gobierne.
Porque la participación ciudadana no puede convertirse en un simple requisito burocrático. Su finalidad consiste en escuchar de verdad a quienes pueden verse afectados por las decisiones públicas. Existe, pues, una diferencia sustancial entre cumplir la ley y cumplir el espíritu de la ley. Cumplir la ley significa respetar los plazos y publicar el anuncio en el boletín oficial.
Cumplir el espíritu de la participación significa procurar que el mayor número posible de ciudadanos tenga la oportunidad de intervenir. Son dos cosas distintas.
Una Administración moderna debería aspirar a algo más que al cumplimiento estricto del procedimiento. Debería preguntarse cuál es el momento que mejor garantiza que la ciudadanía pueda participar en igualdad de condiciones. Y resulta difícil sostener que el primer día de agosto sea ese momento.
Quizá algunos respondan que la ley no prohíbe publicar procedimientos durante el verano. Y es verdad. Ya se ha aclarado. Pero tampoco obligaba a hacerlo precisamente entonces. Hay que añadir, además, que una ciudad no se construye únicamente con proyectos técnicos. También se construye con confianza institucional.
Y esa confianza depende, en buena medida, de que los ciudadanos perciban que su opinión importa. Es una diferencia pequeña en apariencia, pero enorme desde el punto de vista democrático.
