Delegación del Gobierno impugna las Juntas de Seguridad de Distrito de Murcia
La medida del Ayuntamiento carece presuntamente de base legal y pone en riesgo la seguridad ciudadana
La Delegación del Gobierno ha anunciado que impugnará judicialmente el acuerdo adoptado este jueves por la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia para crear las Juntas de Seguridad de Distrito. La decisión municipal, presentada como un «avance histórico», es considerada por la administración estatal contraria al ordenamiento jurídico, carente de rigor técnico y con una motivación presuntamente política.
El Ayuntamiento de Murcia, a través de las concejalías de Seguridad Ciudadana y Emergencias y de Pedanías y Vertebración Territorial, había aprobado la creación de ocho Juntas de Seguridad de Distrito para «acercar la planificación y coordinación de la seguridad a los barrios y pedanías». Según su comunicado, estas nuevas juntas pretenden adaptar la respuesta policial a las necesidades específicas de un municipio de más de 900 kilómetros cuadrados y 67 barrios y pedanías, donde «la dispersión geográfica y la diversidad de entornos» harían necesaria una estrategia territorializada.
Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha desmontado con dureza este planteamiento. En su nota de prensa, señala que la decisión «es contraria al ordenamiento jurídico» y carece «de cualquier tipo de informe previo que lo justifique». Además, denuncia que responde a una «intención y motivación puramente política».
Riesgos graves para la información sensible y la coordinación policial
La Delegación del Gobierno sostiene que esta medida menoscaba la seguridad ciudadana en lugar de fortalecerla. En su nota de prensa, advierte que las Juntas de Seguridad de Distrito, tal como las plantea el Ayuntamiento, vulnerarían principios básicos de la seguridad pública.
“La seguridad pública requiere reserva, unidad de criterio y protección de la información sensible, por lo que las Juntas de Seguridad de Distrito, tal como pretende el ayuntamiento, no pueden convertirse en órganos generales de participación vecinal ni en foros abiertos de reivindicación territorial”.
Uno de los aspectos más criticados es la prevista asistencia de presidentes de las Juntas Municipales, colectivos y asociaciones. Para la Delegación, esto supondría exponer información sensible (operativos policiales, análisis delincuenciales, previsiones de dispositivos) a personas ajenas a las competencias de seguridad, con el consiguiente riesgo de filtraciones o uso político.
Vulneración del Real Decreto 1087/2010
La Delegación del Gobierno argumenta con detalle jurídico que las Juntas de Seguridad de Distrito tendrían una naturaleza jurídica análoga a las Juntas Locales de Seguridad, reguladas por el Real Decreto 1087/2010. Según los artículos 15 a 19 (y especialmente el 17), estos órganos
“solo han de tener cabida las autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad con competencias en materia de seguridad ciudadana”.
La vía correcta para la participación ciudadana, según la normativa, son los Consejos Locales de Seguridad (artículo 13), que son potestativos y están concebidos precisamente para incluir a asociaciones, sindicatos y tejido social, pero sin mezclarlos con la operativa policial confidencial.
Además, la Delegación advierte que los distritos municipales no coinciden con el despliegue territorial de la Guardia Civil y la Policía Nacional, por lo que la fragmentación en ocho juntas podría perjudicar una visión de conjunto en un municipio con continuidad entre casco urbano, pedanías, zonas periurbanas, vías de comunicación y espacios rurales.
Rechazo unánime de las fuerzas de seguridad
El acuerdo municipal fue aprobado pese al voto en contra de la propia Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y la Policía Nacional presentes en la Junta Local de Seguridad.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Perona, había defendido la medida con argumentos de proximidad:
La seguridad no puede planificarse igual en todos los territorios de un municipio tan amplio y diverso como Murcia”.
Por su parte, el concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, insistió en que
“las pedanías tienen una realidad y unas necesidades propias que deben ser escuchadas”.
Una estrategia que genera más dudas que certezas
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia «Murcia Segura» del equipo de gobierno municipal. No obstante, la forma atropellada en que se ha impulsado —sin informes técnicos previos, ignorando la oposición de los cuerpos estatales y contraviniendo presuntamente la normativa estatal— genera serias dudas sobre su viabilidad y, sobre todo, sobre su verdadera utilidad para los vecinos.
Lejos de suponer un «avance histórico», como proclamaba el Ayuntamiento, la creación de estas Juntas de Distrito podría convertirse en un nuevo frente judicial y en un ejemplo más de cómo ciertas decisiones políticas locales priorizan la foto y el relato de proximidad por encima de la eficacia, la legalidad y la protección real de la seguridad ciudadana.
La impugnación ya está en marcha. Los tribunales tendrán la última palabra sobre si el Ayuntamiento de Murcia puede seguir adelante con un modelo que, según la Delegación del Gobierno, pervierte la naturaleza misma de las juntas de seguridad y pone en riesgo un bien jurídico tan sensible como es la seguridad pública.
NOTA. Imagen cedida por el Gabinete de prensa del Ayuntamiento de Murcia
