Gustavo Sánchez y su promoción personal desde la pedanía de Los Ramos
La reciente publicación difundida por el presidente de la Junta Municipal de Los Ramos, Gustavo Sánchez González, a través del perfil de Facebook «Alcaldía de Los Ramos», sobre una visita al CEIP Francisco Salzillo constituye una oportunidad para reflexionar sobre algunas cuestiones que trascienden los hechos relatados.
Según la publicación realizada, la visita sirvió para celebrar dos mejoras en el centro educativo: la renovación de la pista deportiva y la instalación de un sombraje tipo vela. Durante la jornada también se repartieron monas al alumnado y estuvieron presentes la concejala de Educación, Belén López, y la directora del centro, a quien se agradecía expresamente haber abierto las puertas del colegio para compartir el acto.
Que se mejoren las instalaciones de un colegio público es una buena noticia. No admite demasiada discusión. Los alumnos se benefician de espacios más adecuados y la comunidad educativa ve atendidas reivindicaciones que, en muchas ocasiones, tardan años en materializarse. Precisamente por eso resulta importante cómo se comunican estas actuaciones. Y es ahí donde surgen algunas preguntas que debemos hacernos todos, empezando por nuestros representantes políticos.
La primera tiene que ver con la propia naturaleza del perfil desde el que se difunde la actividad. La cuenta se presenta como «Alcaldía de Los Ramos», una denominación que invita a pensar en un canal institucional. Sin embargo, la imagen que identifica dicho perfil no es la de una institución, ni la del escudo de la pedanía, ni la de un símbolo representativo de Los Ramos, sino la de Gustavo Sánchez González.
En este sentido, cabe atender a que las instituciones públicas están llamadas a trascender a las personas que circunstancialmente las dirigen. Un alcalde pedáneo pasa; la Junta Municipal permanece. Del mismo modo que un alcalde municipal no es el Ayuntamiento, un alcalde pedáneo tampoco debería confundirse con la institución que representa.
La cuestión que se plantea en este caso es si la comunicación que se realiza desde perfiles de naturaleza aparentemente institucional está poniendo el foco en la institución o en la persona que ocupa el cargo.
En segundo lugar, ciñéndonos a la publicación, combina varios elementos a la vez: representantes políticos, actuaciones financiadas o ejecutadas desde la Administración, un centro educativo público y menores de edad. En el texto difundido aparecen, además, expresiones que invitan a la reflexión. La referencia a las monas repartidas «por cortesía del alcalde pedáneo» o la mención a «dos mejoras por las que tanto hemos trabajado» trasladan una determinada interpretación sobre quién impulsa y hace posibles las actuaciones públicas, dejando de lado lo que suele ser la realidad en estos casos.
Rara vez una obra pública, una mejora educativa o una inversión municipal son el resultado exclusivo de una sola persona o de un grupo reducido. Detrás de cada actuación suelen existir procedimientos administrativos, técnicos municipales, expedientes, presupuestos y, en no pocas ocasiones, decisiones tomadas a lo largo de distintas etapas políticas.
Reconocer el trabajo realizado es legítimo. Apropiarse simbólicamente de actuaciones que son esencialmente colectivas plantea otra cuestión distinta, sobre todo cuando quien reclama para sí el mérito del esfuerzo no tiene ninguna capacidad de decisión ni de acción en aquello que reclama como mérito propio.
También merece atención el papel de los centros educativos en este tipo de comunicaciones. Los colegios públicos son espacios de todos. Son instituciones que deben mantenerse alejadas de cualquier percepción de utilización partidista o personalista. Nada impide que reciban visitas institucionales ni que responsables públicos conozcan de primera mano las necesidades de los centros. Forma parte de sus obligaciones.
La cuestión surge cuando esas visitas son utilizadas posteriormente como contenido de propaganda política. Los directores de centros públicos representan a la institución. Por ese motivo, deben preservar una imagen de neutralidad institucional. La colaboración con las administraciones forma parte de la actividad ordinaria de un centro educativo, pero esa colaboración no elimina la obligación de mantener una posición independiente respecto de la actividad política de quienes ocupan cargos públicos.
Por eso, por mucho que se quiera presentar como una visita institucional o una actividad de proximidad, el acto cumple también una función de propaganda política. Se muestran actuaciones realizadas, se atribuyen logros de gestión y se proyecta una imagen pública de quienes ejercen responsabilidades de gobierno.
La pregunta, entonces, es cuál debe ser el papel de los centros educativos y de sus responsables cuando participan en actos que posteriormente son difundidos a través de canales vinculados a propaganda política. La cuestión no es jurídica. Es ética, porque la pregunta, para que quede claro, no es si puede hacerse, sino si debe hacerse de esa manera.
A ello se añade el uso de la imagen de los menores en la publicación, una cuestión siempre muy delicada que hay que tratar con mucho tacto. Una cosa es que las familias autoricen al inicio del curso el uso de imágenes de sus hijos para determinadas actividades o finalidades relacionadas con el ámbito escolar, y otra muy distinta es que esas imágenes se utilicen posteriormente para proyectar la actividad de un cargo público. Cabe preguntarse si las familias son conscientes de ese uso y si este se encuentra comprendido entre las finalidades para las que prestaron su autorización.
En última instancia, nos encontramos con una afirmación que tal vez requiera una explicación: «Hoy hemos visitado el CEIP Francisco Salzillo para repartir unas monas a los niños/as por cortesía del alcalde pedáneo, Gustavo Sánchez González». Expresada así, se puede entender que las monas las ha pagado de su bolsillo el presidente de la Junta Municipal de Los Ramos, lo cual sería un detalle por su parte. Pero, si la realidad nos lleva a comprobar que no ha sido así y que el coste ha sido sufragado con el presupuesto de la Junta Municipal, estaríamos ante una afirmación tendenciosa que exigiría no solo la aclaración de quién se hizo cargo de la factura, sino también unas disculpas.
Además, y según distintas informaciones, las monas repartidas durante la actividad podrían haber sido adquiridas fuera de la propia pedanía, pese a existir comercios locales capaces de suministrar ese mismo producto.
Si así hubiera sido, la cuestión tampoco sería ilegal. Pero abriría otro debate sobre la coherencia institucional. En una época en la que todas las administraciones reivindican la importancia del comercio de proximidad, resulta lógico preguntarse si las actividades promovidas desde ámbitos públicos deberían intentar beneficiar, siempre que sea posible, al tejido económico local.
Por último, ninguna de estas reflexiones pretende cuestionar las mejoras realizadas en el CEIP Francisco Salzillo ni desmerecer el trabajo de quienes participan en la vida pública de la pedanía.
Las instituciones, los centros educativos y la confianza de los vecinos son cuestiones suficientemente relevantes como para detenerse a reflexionar sobre cómo se ejerce la representación pública y cómo se comunica. Y, sobre todo, cómo no debe ejercerse la representación y la comunicación públicas.
Porque la calidad democrática de una institución no depende únicamente de las obras que inaugura o de las fotografías que publica. También depende de su capacidad para distinguir con claridad entre lo que pertenece a todos y lo que pertenece a quien ocupa temporalmente un cargo.
Y esa diferencia es una de las bases de cualquier cultura institucional madura.
Ante las reflexiones publicadas sobre la reciente visita institucional al CEIP Francisco Salzillo y la labor de la Junta Municipal de Los Ramos, es necesario poner las cosas en su sitio y responder con datos y sentido común a críticas que parecen buscar más el desgaste político que el rigor informativo.
1. El debate sobre el origen de las monas: ¿por qué perderse en detalles irrelevantes?
Resulta sorprendente que se dedique espacio y debate a cuestionar la procedencia geográfica de unas monas de Pascua. ¿De verdad es necesario hilar tan fino y detenerse en esto cuando la prioridad real es que los alumnos disfruten de una jornada festiva? Cuestionar el proveedor local, cuando lo verdaderamente importante es el detalle con los menores, parece una excusa cogida con pinzas para buscarle tres pies al gato.
2. Transparencia económica y asunción de costes
Se desliza la duda sobre quién ha sufragado el coste de los dulces. Conviene dejarlo meridianamente claro para evitar suspicacias innecesarias: la asignación económica que percibe el alcalde pedáneo está destinada precisamente a cubrir gastos extraordinarios, de representación y dinamización del pueblo. Las monas han sido pagadas de ese fondo con total transparencia, sin necesidad de exhibir extractos bancarios personales para demostrar una gestión que responde única y exclusivamente al beneficio de los vecinos.
3. Autorización y respeto a los cauces legales con los menores
En cuanto al uso de las imágenes del alumnado, se presupone con ligereza una falta de tacto que no se sostiene. Cabe preguntarse si realmente se duda de los procedimientos habituales: por supuesto que se cuenta con la preceptiva coordinación con la dirección del centro y con las autorizaciones pertinentes para este tipo de actos públicos. No se puede lanzar la sospecha de irregularidad o de uso torticero de la imagen de los menores sin una sola evidencia que lo respalde.
4. Falta de rigor y sentido periodístico
En definitiva, este tipo de artículos carecen de evidencias lógicas y contrastadas. Da la sensación de que el único objetivo es lapidar la labor de un cargo público que simplemente está trabajando por su pueblo, gestionando mejoras palpables —como la pista deportiva o el sombraje— y fomentando la participación en la pedanía.
La crítica constructiva siempre es bienvenida, pero cuando se convierte en un ejercicio gratuito de descalificación sin base periodística sólida, pierde toda su credibilidad.
«En definitiva, este tipo de artículos carecen de evidencias lógicas y contrastadas»
Cuando aprenda usted qué es una editorial, venga de nuevo a publicar sus sabios consejos de quien no se lo conoce más mérito que ser pariente de quien defiende, caballero. Que lo tenemos lo suficientemente calado para saber de qué pie cojea. ¿Dónde encuentra usted la descalificación en esta editorial? Hay una diferencia entre cuestionar la actuación de un cargo público y atacar a la persona. En nuestro texto predominan las preguntas, los argumentos sobre el uso de la comunicación institucional y las consideraciones éticas. Evidentemente, a usted esto se le hace cuesta arriba, así que saca la plantilla que tiene para escribir siempre lo mismo, y sin comprender lo que ha leído, si es que se lo ha llegado a leer, nos envía su habitual llantera. Tome usted conciencia de que estamos en el año 2026, que Franco lleva muerto 50 años y que en España hay libertad de opinión y de prensa. Por eso aceptamos sus escritos sin censurarlos. Aunque nos parezcan propios de un meme.
Menudo ejercicio de huida hacia adelante. Cuando faltan los argumentos, se tira del manual de supervivencia más zafio: desviar el foco, recurrir al ataque personal y agitar el comodín del parentesco. Es gracioso que hablen de «defender la libertad de expresión y de prensa» mientras intentan descalificar al mensajero precisamente porque la verdad del mensaje les incomoda.
Que se amparen en el concepto de «editorial» no les otorga una patente de corso para lanzar insinuaciones sin fundamento ni los exime de recibir crítica pública. Escribir artículos desde la tribuna escudándose en «preguntas retóricas» para sembrar la sospecha y luego enfadarse cuando se les desmonta el Tegui no es periodismo de opinión; es activismo de baja intensidad disfrazado de púlpito intelectual.
Hablan de llanteras, de memes y de fantasmas del pasado —como si sacar a pasear a Franco en pleno 2026 tapara la falta de rigor técnico—, pero evitan cuidadosamente lo mollar: responder con transparencia a cómo se gestionan los recursos públicos, cómo se difumina la línea entre el cargo y la persona, y por qué se utiliza un altavoz que debería ser de todos para el lucimiento particular.
La próxima vez que decidan dar lecciones de ética institucional y periodismo, ahórrense el tono condescendiente y las descalificaciones de patio de colegio. Las opiniones son libres, pero la exigencia de rigor y respeto hacia los vecinos no es negociable. Y de eso, por mucho que les pese, no hay plantilla que los salve.
Un fuerte abrazo y todo mi respecto
Buenas. He leído su respuesta a nuestra editorial y creo que conviene aclarar algunas cuestiones, porque responder a una crítica no consiste en atribuir al medio que la publica intenciones que no comparte ni en descalificar su trabajo, sino en rebatir sus argumentos.
1. Sobre las monas y el comercio local
Nuestra editorial no cuestiona que los niños disfruten de una jornada festiva ni pone en duda que repartir monas pueda ser un bonito detalle. Lo que plantea es una reflexión sobre la conveniencia de apoyar al comercio local cuando se realizan compras vinculadas a actividades institucionales.
Calificar esta cuestión de irrelevante o de «excusa cogida con pinzas» no responde al planteamiento. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la reflexión, pero eso no la convierte en una cuestión carente de interés público.
2. Sobre quién pagó las monas
La cuestión que plantea nuestra editorial se basa en la afirmación «por cortesía del alcalde pedáneo», entonces ¿se refiere a que Gustavo Sánchez las paga de su propio bolsillo o a que el coste se sufraga con dinero de la Junta Municipal? Y si usted no es Gustavo Sánchez, no es el interlocutor adecuado para responder.
Por otra parte, no estamos cuestionando en qué decide gastar el pedáneo una asignación que percibe. Lo que planteamos es saber si se trata de una aportación personal o de un gasto asumido con fondos de la Junta Municipal. Son dos situaciones distintas y conviene no confundirlas.
Por tanto, basta con aclarar quién asume el coste. Si las paga el pedáneo con su dinero, es un detalle personal que aplaudimos. Si se pagan con fondos de la Junta Municipal, presentarlas como una cortesía personal puede transmitir una imagen equivocada sobre el origen del gasto. ¿Lo comprende Vd.?
3. Sobre las imágenes de los menores
En ningún momento hemos afirmado que se hayan utilizado imágenes de menores de manera ilegal ni hemos acusado a nadie de cometer una irregularidad. Nuestra editorial plantea una reflexión sobre una cuestión delicada: el uso de imágenes de niños en publicaciones relacionadas con la actividad de un representante público.
Afirmar que existen autorizaciones y coordinación con la dirección del centro es una respuesta relevante. Sin embargo, la cuestión que planteamos es si esas autorizaciones comprenden también el uso que se hace de las imágenes y su difusión en ese contexto institucional y político.
Preguntarlo no equivale a presuponer una infracción. Es una forma de abordar con prudencia una cuestión que afecta a menores de edad.
4. Sobre el rigor periodístico y la supuesta descalificación
Aquí es donde su respuesta se aparta más del contenido de nuestra editorial. Habla Vd. de «desgaste político», de «lapidar» la labor de un cargo público y de un ejercicio de «descalificación sin base periodística sólida».
Son afirmaciones que atribuyen intenciones al medio y cuestionan su credibilidad, pero no identifican qué dato concreto de nuestra editorial es falso, qué afirmación está equivocada o qué argumento carece de fundamento.
Nuestra editorial reconoce expresamente que las mejoras en el CEIP Francisco Salzillo son una buena noticia y que las visitas institucionales forman parte de las obligaciones de los responsables públicos. Lo que cuestiona es cómo se comunican esas actuaciones, cómo se atribuyen los méritos y qué límites deben respetarse para evitar que la institución se confunda con la persona que ocupa temporalmente el cargo.
Puede discrepar de nuestras conclusiones, por supuesto. Lo que no resulta razonable es presentar cualquier crítica a la actuación de un representante público como un intento de perjudicarlo políticamente.
5. Criticar una actuación pública no es descalificar personalmente a quien la realiza
Nuestra editorial no contiene insultos, burlas ni ataques a su vida privada. Analiza decisiones, mensajes públicos y cuestiones relacionadas con la representación institucional. Es una crítica editorial que puede resultar incómoda, pero la incomodidad que provoca no la convierte automáticamente en una descalificación personal.
Del mismo modo, calificar nuestro trabajo de carente de rigor no demuestra que lo sea. El rigor se evalúa examinando los hechos, las fuentes y los argumentos, no atribuyendo intenciones a quien sostiene una posición crítica.
En definitiva, nuestra editorial no cuestiona que se hayan realizado mejoras en el colegio ni que los niños hayan disfrutado de una actividad festiva. Plantea cuestiones sobre la comunicación institucional, la atribución de méritos públicos, el uso de imágenes de menores y el apoyo al comercio local.
Si considera Vd. que alguno de nuestros planteamientos contiene un error, lo razonable es señalarlo y aportar los datos que permitan corregirlo. Estaremos dispuestos a revisar cualquier información que se demuestre incorrecta.
Pero defender la labor de un cargo público no exige descalificar a un medio que ejerce su derecho a la crítica. Y ejercer ese derecho no significa estar en contra de las mejoras realizadas ni de las personas que trabajan por la pedanía.
Una editorial no tiene la obligación de agradar a quien es objeto de su análisis. Tiene la obligación de argumentar sus planteamientos y responder de lo que publica. Y eso es precisamente lo que hacemos.
A. S. M.
Editorialista de Beniaján al Día y abogado.
Agradecemos la lección de gramática periodística y el despliegue de títulos profesionales, pero cambiar el tono bronco por un ropaje pretendidamente técnico no disimula el fondo del asunto: su editorial no era un ejercicio neutral de análisis institucional, sino una recopilación de suspicacias construidas a base de preguntas retóricas.
Reducir una visita escolar y la entrega de unos detalles al alumnado a un debate sobre si el tique de compra es de la panadería de la esquina, si el fondo municipal utilizado lleva una u otra etiqueta o si la autorización de los menores encaja en su particular filtro ético, no es periodismo de altura; es hilar muy fino para justificar un ataque preventivo.
Podrán seguir escudándose en que solo plantean dudas, pero la ética periodística también exige honestidad en la intención. Cuando se siembra la sospecha sobre la legalidad de una imagen, sobre el uso de fondos públicos transparentes o sobre la honorabilidad de un cargo público, no se hace un editorial equilibrado: se hace política de desgaste con ínulas de tribuna académica. Por nuestra parte, zanjamos aquí un debate estéril que no aporta nada a los vecinos; las energías es mejor dedicarlas a trabajar por el pueblo que a alimentar polémicas de despacho