El PP de Murcia sondea recortes en sanidad en un momento de crisis del SMS
El Gobierno de López Miras pregunta a la ciudadanía si se deben recortar recursos del sistema sanitario para otros servicios
El Gobierno regional de Murcia, presidido por Fernando López Miras (PP), ha cerrado esta semana la encuesta ciudadana para el borrador del Plan de Salud 2026-2032, abierta desde el pasado 30 de diciembre en el portal participa.carm.es. Entre las preguntas planteadas, una ha concentrado buena parte de las críticas por su contenido y su formulación literal: «¿se debe realizar recortes en el sistema sanitario para destinarlos a otros servicios públicos?».
Colectivos sanitarios, sindicatos y partidos de la oposición interpretan la inclusión de esta cuestión como un posible globo sonda para testar la aceptación social de ajustes en un sistema que ya opera con fuertes limitaciones presupuestarias y arrastra un déficit estructural desde hace décadas.
El contexto refuerza esa lectura. El Servicio Murciano de Salud (SMS) acumula un déficit contable superior a los 3.621 millones de euros a cierre de 2023, según datos de la Intervención General de la Región. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) en Murcia estima que el desfase real podría situarse en torno a los 1.542 millones de euros en 2025, un 38 % por encima de lo presupuestado inicialmente.
Este déficit tiene efectos directos sobre la actividad asistencial. En los últimos meses de 2024, como viene ocurriendo de forma recurrente a final de cada ejercicio, se suspendieron consultas externas y cirugías programadas, se redujeron horarios en Atención Primaria y Salud Mental y se ralentizó la prestación de servicios por falta de liquidez, impagos a proveedores y la necesidad de no superar el crédito disponible.
A estas restricciones se suman cierres temporales de plantas hospitalarias y limitaciones de camas en distintos centros del sistema público, así como la cobertura de turnos estructurales con personal eventual, residentes o guardias. Los sindicatos vinculan esta situación al aumento de la precariedad laboral y a la salida continuada de profesionales hacia otras comunidades autónomas o al sector privado.
Todo ello ocurre pese al incremento del presupuesto nominal en sanidad. En 2025, la dotación alcanzó los 2.480 millones de euros, un 4,1 % más que el año anterior. Sin embargo, la ADSP considera estas cifras insuficientes, al no compensar la inflación, el envejecimiento poblacional ni el incremento real del gasto sanitario, que en algunos ejercicios recientes se ha situado en torno al 10 % interanual.
En paralelo, el gasto en conciertos con la sanidad privada continúa creciendo. En 2024, el desembolso final superó en cerca de 90 millones de euros lo inicialmente presupuestado, alcanzando más de 180 millones. PSOE y Podemos denuncian que esta dinámica refuerza una privatización progresiva del sistema, al tiempo que reduce la capacidad de respuesta de la red pública.
Desde la oposición también se recuerda que el Ejecutivo regional rechazó una propuesta de mejora de la financiación autonómica que, según el PSOE, habría supuesto alrededor de 1.200 millones de euros adicionales al año para la Región. Fondos que, sostienen, podrían haberse destinado a reforzar plantillas, reducir listas de espera o ampliar la capacidad hospitalaria.
Con los resultados de la encuesta aún pendientes de publicación, la inclusión de una pregunta que plantea abiertamente recortes en sanidad refuerza la percepción de que el Partido Popular, al frente del Gobierno regional, asume como horizonte político la contención —y eventual reducción— del gasto sanitario público. En un sistema ya tensionado por el déficit, la falta de personal y la externalización creciente de servicios, la encuesta no se lee como un ejercicio neutral de participación, sino como un paso más en la normalización del deterioro de la sanidad pública en la Región de Murcia.
