López Miras y políticos del PP: lo público no se puede blindar
Cuando lo público se comporta como privado
Una Administración que dice que informa pero prohíbe usar lo informado no apuesta por la transparencia, sino por el control del relato. Y cuando lo público se blinda como si fuera propiedad privada, el problema pasa de ser jurídico a ético y democrático.
En plena era de transparencia y datos abiertos, todavía nos encontramos con avisos legales de medios públicos que parecen salidos de otra época. La web de la Comunidad Autónoma de Murcia, por ejemplo, nos recuerda que todo su contenido es «propiedad de la Administración» y que solo puede usarse para fines personales, no comerciales, y sin modificarlo. Lo que a simple vista parece un formalismo, en realidad es una contradicción que limita el derecho a informar y fiscalizar lo público.
Primero, hay que entender que una web institucional como la web oficial de la Región de Murcia no es un archivo privado, sino un canal donde el Gobierno regional difunde su versión de los hechos, anuncia planes de inversión y comunica políticas. Hoy, por ejemplo, se publicó que el Ejecutivo regional lanzará un plan industrial con más de 1.700 millones de inversión para alcanzar 100.000 empleos. Esa es una noticia, con titular, contexto y objetivos claros.
El periodismo frente a las limitaciones legales
El aviso legal de la web dice que podemos leerla, pero no podemos usarla profesionalmente, ni reinterpretarla, ni siquiera tomar extractos para análisis periodísticos. En otras palabras: puedes informarte, pero no puedes informar. Es un absurdo que, llevado a la práctica, limita la labor de periodistas y medios, sobre todo los locales y medianos, que dependemos de estas notas de prensa para nutrir su cobertura. Lo curioso es que incluso los grandes medios, muchas veces, replican estas notas con ligeras variaciones; prohibir su uso profesional es, por decirlo suavemente, desconectarse de la realidad del periodismo.
El problema no es solo de Murcia. Lo veo también en medios públicos como Radio Televisión Española, por ejemplo. Se entiende que los contenidos protegidos por derechos de terceros (películas, series, conciertos) no pueden difundirse libremente. Pero lo que crea la propia RTVE con dinero público, desde un reportaje hasta una foto oficial, no debería estar sujeto a restricciones absurdas: estamos pagando para que produzcan contenidos que luego se nos niegan a quienes financiamos ese trabajo. Es como contratar a un decorador para tu negocio y que luego te diga que debes pagar royalties porque la gente lo ve. Sencillamente no tiene sentido.
Las fotos oficiales, los archivos y los informes creados con dinero público deberían ser de libre uso para todos, con la única condición de reconocer al autor si es necesario. Limitar su uso informativo, reinterpretación o reutilización no solo es un error jurídico, sino un problema democrático: obstaculiza la transparencia, la fiscalización y el debate público.
Transparencia, datos abiertos y control del relato
En plena era de herramientas que permiten rastrear en tiempo real el gasto de la publicidad institucional (ver aquí), el contraste con la manera de proceder de las instituciones públicas es aún más sangrante. Mientras periodistas y ciudadanos construyen análisis a partir de datos abiertos, algunas administraciones siguen comunicándose como si Internet fuera un tablón de anuncios de hace veinte años, reclamando derechos de autor sobre lo que es de todos.
Una Administración que dice que informa pero prohíbe usar lo informado no apuesta por la transparencia, sino por el control del relato. Y cuando lo público se blinda como si fuera propiedad privada, el problema pasa de ser jurídico a ético y democrático. El dinero que pagamos entre todos debería garantizar que la información produzca conocimiento, debate y fiscalización, no exclusión y limitación. Lo contrario a esto es propaganda.
El aviso legal de la web de la CARM lo pueden leer aquí
