La UE lanza el canal de denuncias del Reglamento de IA antes de que entre en vigor
La Unión Europea con el canal de denuncias del AI Act ofrece un mecanismo para alertar sobre posibles incumplimientos de la inteligencia artificial en Europa
La Comisión Europea lanzó oficialmente el 24 de noviembre de 2025 un nuevo canal para reportar posibles incumplimientos del Reglamento de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act. Esta herramienta permite que cualquier persona notifique irregularidades antes de que las normas entren plenamente en vigor, fomentando una cultura de transparencia y responsabilidad en el ecosistema de la IA. Por el momento, la iniciativa no implica sanciones directas, pero refuerza la supervisión sobre los sistemas de IA en Europa y representa un paso decisivo hacia la vigilancia activa del sector, incluso antes de que las obligaciones más estrictas se vuelvan exigibles. La puesta en marcha de este canal refleja la intención de la Unión Europea de detectar problemas antes de que se consoliden en el mercado y de fortalecer la coordinación entre los organismos europeos, como la Oficina Europea de IA, y las autoridades nacionales de los Estados miembros. Los usuarios interesados pueden acceder directamente a la herramienta oficial en la web de la Comisión Europea: AI Act Whistleblower Tool.
Qué es el AI Act y cómo regula la inteligencia artificial en Europa
El AI Act, aprobado como Reglamento (UE) 2024/1689, es el primer marco legal integral del mundo para la regulación de la inteligencia artificial. Entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y su aplicación se realizará de forma gradual hasta 2027, con hitos clave: la prohibición de prácticas inaceptables desde febrero de 2025, obligaciones específicas para modelos de IA de uso general (GPAI) desde agosto de 2025, y las reglas para sistemas de alto riesgo entre 2026 y 2027. La ley clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, desde los considerados mínimos o sin riesgo, como filtros de spam o videojuegos, hasta los prohibidos por su potencial daño, como la puntuación social por autoridades públicas y el reconocimiento facial indiscriminado, que entran en la categoría de Riesgo Inaceptable. Entre las categorías intermedias se incluyen sistemas de transparencia, como chatbots que deben revelar que son IA, y sistemas de alto riesgo, entre los que se encuentran reconocimiento facial limitado, sistemas biométricos para inferir emociones en entornos laborales o educativos y los modelos GPAI, capaces de generar textos, traducir contenidos, crear imágenes o realizar múltiples tareas de manera autónoma. Dentro de estos modelos, el AI Act distingue entre los normales y los de riesgo sistémico, aquellos entrenados con capacidad de cómputo superior a $10^{25}$ FLOPS, dado su potencial impacto en múltiples sectores. La legislación busca equilibrar la protección de derechos fundamentales, como privacidad y no discriminación, con la seguridad de los ciudadanos y la promoción de la innovación tecnológica, aunque encuestas recientes muestran que alrededor del 50% de las startups europeas de IA consideran que el Acto podría frenar la innovación.
Clasificación de riesgos y obligaciones para los proveedores de IA
El AI Act organiza los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo que representan. Los sistemas de bajo riesgo tienen obligaciones mínimas, mientras que los de alto riesgo deben cumplir requisitos estrictos de documentación, transparencia, evaluación de riesgos y medidas de mitigación. Entre estos últimos se incluyen aplicaciones como reconocimiento facial en espacios públicos bajo condiciones limitadas, herramientas de puntuación social no permitidas para autoridades públicas y modelos GPAI con o sin riesgo sistémico. Los proveedores de modelos GPAI deben documentar cómo entrenan sus sistemas, los riesgos identificados y las medidas adoptadas para proteger a los usuarios. Esta clasificación garantiza que las denuncias presentadas a través de la herramienta tengan un marco objetivo y verificable, evitando que se presenten quejas basadas únicamente en percepciones subjetivas y asegurando que la supervisión europea sea técnica y sistemática. Para mantener neutralidad, se puede mencionar de manera general a “proveedores no europeos” en lugar de citar empresas específicas.
La herramienta de denuncias y su funcionamiento
La herramienta de denuncias, alineada con el Artículo 87 del AI Act, incorpora la Directiva (UE) 2019/1937 sobre protección de denunciantes, garantizando salvaguardas contra represalias y promoviendo canales internos y externos. Los usuarios pueden adjuntar pruebas, como documentos o evidencias técnicas, y recibir seguimiento sobre la tramitación de la denuncia, mientras la Oficina Europea de IA determina la competencia y coordina con las autoridades nacionales para verificar los casos. Esta oficina tiene la potestad de solicitar información a proveedores no europeos para comprobar si sus modelos GPAI cumplen con el reglamento. La herramienta está diseñada para complementar los canales internos de las empresas y los sistemas nacionales de denuncia, aumentando la probabilidad de que problemas internos escalen a nivel comunitario y promoviendo una aplicación uniforme del reglamento en toda la UE.
Qué se puede denunciar y qué queda fuera
Entre las conductas que pueden notificarse se incluyen el uso indebido de datos biométricos, la recopilación masiva de información para sistemas de reconocimiento facial, técnicas de manipulación cognitiva o conductual prohibidas, sistemas que aplican puntuación social y discriminación basada en características personales sensibles, como origen étnico u orientación sexual, así como incumplimientos técnicos en modelos GPAI, incluyendo falta de documentación adecuada, evaluaciones de riesgos incompletas o medidas insuficientes contra sesgos. Adicionalmente, el AI Act obliga a reportar incidentes graves bajo el Artículo 73, para los cuales la Comisión ha publicado plantillas y guías en 2025, enfocadas en eventos que causen daños significativos, incluidos fallecimientos o violaciones de derechos fundamentales. Por ahora, quedan fuera obligaciones que aún no son exigibles, como evaluaciones de conformidad de sistemas de alto riesgo o análisis de impacto sobre derechos fundamentales, que se implementarán más adelante.
Implicaciones para empresas y adaptación al nuevo marco
El nuevo escenario implica que las empresas europeas deben anticiparse y reforzar sus protocolos internos. Es esencial garantizar la protección de los denunciantes mediante políticas claras, mantener documentación exhaustiva sobre inventarios de sistemas, evaluaciones de riesgo y medidas de transparencia, así como cumplir con los códigos de práctica para GPAI. La Oficina Europea de IA centraliza la supervisión, y cualquier alerta puede activar investigaciones paralelas a nivel nacional y comunitario. Además, los Estados miembros están obligados a crear sandboxes regulatorios, entornos de prueba controlados para PYMES y startups, permitiendo innovar sin riesgo de sanciones inmediatas mientras se prueba un sistema. Iniciativas complementarias como el AI Pact y el Digital Omnibus, propuesto en noviembre de 2025 para simplificar reglas y aliviar cargas para PYMES, ofrecen oportunidades para que las empresas adopten buenas prácticas y se alineen proactivamente con las normas, equilibrando la regulación con incentivos a la innovación.
Críticas y debate sobre la estrategia europea
El enfoque europeo ha recibido críticas por centrarse más en la regulación que en el desarrollo tecnológico. Para algunos expertos, refleja la prioridad de la UE de proteger derechos fundamentales y prevenir riesgos sistémicos, pero también evidencia que Europa está más preocupada por controlar la IA que por impulsarla. La complejidad y falta de claridad de definiciones clave, como “sistemas de IA”, podría aumentar costos de cumplimiento y retrasar lanzamientos de productos. Mientras Estados Unidos y China destinan miles de millones en fondos públicos y privados para dominar la IA, Europa depende de desarrollos externos y enfrenta un “trust gap” en innovación confiable. Los actores europeos advierten que sin incentivos claros, como subsidios o simplificación regulatoria, investigadores y empresas locales tendrán dificultades para competir de igual a igual, lo que podría posicionar a Europa como regulador más que como innovador. El AI Act, sin embargo, incorpora mecanismos que buscan equilibrar esta tensión, como el derecho a la explicación, que permite a los ciudadanos conocer por qué un sistema de alto riesgo tomó decisiones que les afectan directamente.
Conclusiones sobre el futuro de la regulación de IA en Europa
La activación del canal de denuncias refuerza la vigilancia y la transparencia, al tiempo que prepara a empresas y autoridades para cumplir con normas que se aplicarán progresivamente. La herramienta permite que la UE reciba señales de alerta tempranas, garantizando seguimiento y coordinación, mientras las sanciones, que pueden alcanzar hasta el 7% de la facturación global anual para las prácticas prohibidas, y un 3% para otros incumplimientos de alto riesgo, se aplicarán solo cuando las obligaciones sean plenamente exigibles. La pregunta que queda abierta es si este enfoque permitirá que Europa sea referente en inteligencia artificial no solo por regulación, sino también por desarrollo y competitividad, o si, por el contrario, provocará una migración de talento y capital hacia regiones con marcos regulatorios más flexibles, consolidando la dependencia europea de tecnología creada fuera del continente.
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